Por Alejandro Garzón
La decisión anunciada por Claudio Vidal de firmar la eliminación de retenciones a la actividad hidrocarburífera no es un acto administrativo ni un gesto aislado. Es una definición política de enorme gravedad para el presente y el futuro de Santa Cruz, porque compromete la capacidad del Estado para sostener las obligaciones más elementales con su pueblo y, al mismo tiempo, consolida un modelo de provincia subordinada a los intereses de las empresas petroleras.
Las retenciones no son un capricho ni un castigo. Son parte de la herramienta que tiene el Estado para recuperar una fracción mínima de la riqueza que sale de nuestro subsuelo, riqueza que pertenece al pueblo santacruceño y que debería servir para garantizar salud, educación, infraestructura, salarios y un proyecto de desarrollo que nos incluya a todos. Cuando un gobernador decide renunciar a esos recursos, no está fomentando la inversión: está debilitando al Estado y fortaleciendo la concentración económica.
Vidal intenta justificar esta medida afirmando que la quita de retenciones “sostendrá la infraestructura, permitirá seguir invirtiendo y evitará que el país tenga que importar crudo”. Ese argumento técnico, repetido históricamente por las operadoras petroleras, omite un punto fundamental: si la actividad necesita incentivos permanentes para ser viable, entonces estamos frente a un modelo extractivo mal diseñado, que transfiere al Estado los riesgos y los costos y deja en manos privadas los beneficios. La infraestructura se sostiene con planificación pública, la inversión se exige con regulaciones firmes y la seguridad energética es responsabilidad de un Estado que debe conducir la política energética, no resignar su renta para compensar la ineficiencia o la falta de compromiso de las empresas. Lo que Vidal presenta como “alivio productivo” es, en realidad, una cesión de poder político y económico en favor de las petroleras.
Esta medida es coherente con la lógica que Vidal ha demostrado desde el primer día: alineamiento absoluto con el proyecto nacional de Javier Milei, un proyecto que promueve el desmantelamiento del Estado, la entrega de los recursos naturales y la primarización extrema de la economía. Lo que se presenta como “incentivo a la producción” no es otra cosa que la vieja receta de siempre: menos impuestos para los de arriba y más sacrificio para los de abajo.
Lo grave es que esta decisión llega en un contexto en el que Santa Cruz necesita exactamente lo contrario. Necesita un Estado fuerte, con capacidad de planificación, que recupere la conducción de su política hidrocarburífera y que garantice que la renta del petróleo y del gas se transforme en derechos, empleo genuino, valor agregado local y desarrollo real. Sin esos recursos, lo que crece no es la inversión, sino la desigualdad.
La eliminación de retenciones implica menos ingresos para el presupuesto provincial y, por lo tanto, menos posibilidades de mejorar los salarios, fortalecer los hospitales, garantizar calefacción en las escuelas, sostener la obra pública, asistir a quienes más lo necesitan y proyectar una provincia moderna y soberana. Cuando el Estado se debilita, lo que avanza no es la libertad: es el poder de unos pocos para hacer de los bienes comunes un negocio privado.
La historia ya demostró que las provincias que entregaron su renta terminaron empobrecidas, dependientes y sin capacidad de decidir su propio destino. La riqueza que se va por un caño no vuelve. Lo que vuelve, si vuelve, es precarización laboral, sueldos bajos, contratos temporales y estructuras económicas frágiles que dependen de la voluntad de las empresas.
Por eso esta decisión debe preocupar no solo a quienes militamos en el campo nacional y popular, sino también a todos los trabajadores, a los sindicatos, a los sectores productivos, a la dirigencia política en general y a cada ciudadano que entiende que una provincia sin recursos propios no puede construir soberanía ni futuro.
No se trata de estar a favor o en contra del desarrollo hidrocarburífero. Se trata de algo mucho más profundo: quién conduce ese desarrollo y quién se queda con los beneficios. Un gobernador que renuncia a la renta provincial renuncia también al derecho de su pueblo a vivir mejor.
Por eso sostengo con absoluta claridad que eliminar retenciones no es un camino hacia el crecimiento, sino hacia la pérdida de autonomía. Es una decisión que favorece a las petroleras y perjudica a Santa Cruz. Y es también una señal peligrosa hacia el futuro: si hoy se renuncia a los ingresos del petróleo, mañana ¿qué más se entregará en nombre de una supuesta “reactivación”?
Santa Cruz merece un debate serio, honesto y profundo sobre su modelo de desarrollo. Lo que no merece es que ese debate sea reemplazado por decisiones inconsultas que comprometen el destino colectivo. En un momento en que miles de familias viven con sueldos que no alcanzan, con servicios públicos deteriorados y con un Estado que cada vez tiene menos herramientas, entregar la renta hidrocarburífera es un error político mayúsculo.
Nuestra provincia necesita dirigentes que defiendan sus recursos, no que los regalen. Que fortalezcan al Estado, no que lo vacíen. Que gobiernen pensando en el pueblo, no en los intereses de las empresas. Y que no se olviden nunca de que la soberanía no se declama: se ejerce.
La riqueza de Santa Cruz debe estar al servicio de su gente. Y en eso no puede haber concesiones.
