Alejandro Garzón / Presidente de Unidad Popular
En apenas seis meses de la gestión de Javier Milei, Argentina ha sido testigo del cierre de 3,559 empresas. Esta cifra, que representa más que simples números, refleja una realidad angustiante: miles de trabajadores y trabajadoras han perdido su fuente de ingreso. La pérdida de estos empleos no solo afecta a los individuos directamente involucrados, sino que tiene un impacto devastador en el tejido social de nuestro país.
Cada empresa que cierra es una historia de esfuerzo truncada. Son puestos de trabajo que sostenían a familias y alimentaban sueños de progreso. Cuando una empresa baja sus persianas, no solo desaparece una fuente de ingresos, sino que se disuelve un entramado de relaciones económicas y sociales. Los proveedores pierden clientes, los comercios locales ven disminuida su actividad, y el efecto dominó llega hasta los hogares, donde la incertidumbre y el miedo al futuro se instalan.
El cierre de empresas también tiene un impacto profundo en la vida familiar. Las familias sin ingresos estables enfrentan desafíos que van más allá de lo económico. La falta de trabajo genera estrés, tensión y desesperanza. La dificultad para cubrir necesidades básicas como la alimentación, la educación y la salud socava la estabilidad emocional y psicológica de las personas. Los niños y niñas, que son el futuro de nuestro país, crecen en un ambiente de precariedad y limitaciones, afectando su desarrollo y oportunidades.
En estos tiempos, el gobierno de Milei ha optado por políticas que desregulan y desprotegen, abrazando un anarco-capitalismo que favorece a unos pocos a costa del bienestar de la mayoría. El mercado, dejado a su suerte, no se regula solo; necesita de un Estado que garantice equidad y justicia. La falta de intervención y apoyo estatal agrava la situación, dejando a las y los trabajadores desamparados frente a la voracidad del capital.
La Argentina que soñamos es una en la que cada persona pueda acceder a un trabajo digno, con derechos y oportunidades. Es urgente que el gobierno recapacite y ponga en marcha políticas que fomenten el empleo, protejan a las empresas nacionales y apoyen a las familias trabajadoras. No podemos permitir que el costo de esta gestión recaiga sobre quienes día a día construyen nuestro país con su esfuerzo y dedicación.
Enfrentemos esta crisis con solidaridad y lucha, exigiendo un cambio de rumbo que priorice el bienestar de todas y todos los argentinos. Porque detrás de cada empresa que cierra, hay vidas que necesitan ser defendidas y derechos que deben ser garantizados.
