Alejandro Garzón* El reciente Decreto 780/2024, firmado por el presidente Javier Milei, representa un ataque directo contra uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: el acceso a la información pública. Este derecho, conquistado por la lucha de miles de ciudadanos y respaldado por la Constitución Nacional, ahora está en riesgo bajo el pretexto de «proteger» ciertos intereses del Estado. Pero, ¿qué significa realmente esta medida y por qué debemos alzar la voz?. Este decreto no es más que una herramienta del régimen de ultraderecha para blindar su gestión y ocultar lo que realmente sucede en las esferas del poder. Con la nueva normativa, se limitan significativamente los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública, excluyendo del control ciudadano documentos claves y toda información vinculada a la defensa y política exterior. Esto es preocupante, pues habilita al régimen a operar sin rendir cuentas a la ciudadanía, en una clara violación a los principios de transparencia y rendición de cuentas. La Doble Vara de las Empresas de Comunicación Si estas restricciones se hubieran implementado durante un gobierno popular, las grandes empresas de comunicación estarían en plena sincronía para denunciarlo como un ataque «flagrante» a la Constitución, una señal clara de que hay algo turbio detrás. No faltarían los panelistas y expertos que, con tono grave y alarmista, advertirían al pueblo sobre el peligro de ocultar la verdad y socavar las bases de la democracia. Sin embargo, como es un gobierno de ultraderecha quien emite el decreto, la narrativa mediática cambia radicalmente. De repente, se trata de «cuidar» ciertos aspectos, de «proteger» información sensible, y la crítica desaparece o se diluye en tibios comentarios que no logran reflejar la gravedad del asunto. Esta doble vara en el tratamiento informativo no solo es injusta, sino que también desarma a la ciudadanía, que queda sin herramientas para cuestionar y resistir. No Podemos Permitirlo Es crucial que no nos dejemos engañar por este manto de silencio y justificaciones. El acceso a la información pública no es un privilegio otorgado por el Estado; es un derecho conquistado y garantizado por la Constitución. Este decreto es un paso más hacia la consolidación de un régimen autoritario que busca gobernar sin oposición, sin preguntas, y sin transparencia. Es hora de levantar la voz y exigir que la información pública siga siendo del pueblo, y no una herramienta de control en manos de unos pocos poderosos.

Alejandro Garzón* El desempleo no es solo una cifra económica, sino una herramienta poderosa que moldea y condiciona el comportamiento de la sociedad. Este flagelo, más allá de sus devastadores efectos inmediatos en la vida de las y los trabajadores, es utilizado como un arma para disciplinar a toda la clase obrera. Cuando hay pocas oportunidades laborales, el miedo a perder el trabajo se convierte en un mecanismo de control. Este temor, a su vez, genera una dinámica perversa: las y los trabajadores, ante la incertidumbre, aceptan condiciones laborales cada vez más precarias, salarios más bajos y derechos cada vez más limitados. El desempleo, entonces, actúa como un látigo invisible que azota y silencia, que doblega la voluntad y la dignidad de quienes dependen de un salario para subsistir. Este fenómeno no es casual ni una simple consecuencia de las fluctuaciones económicas. Es el resultado de políticas deliberadas diseñadas para mantener a la clase obrera en un estado de sumisión y vulnerabilidad. Las élites económicas y políticas comprenden que un trabajador con miedo es alguien más dócil, dispuesto a aceptar lo inaceptable, a ceder ante la explotación y soportar jornadas interminables sin quejarse. El desempleo no solo castiga a quienes se encuentran sin trabajo; es una amenaza latente para toda los trabajadores y trabajadoras. Es un disciplinador social que perpetúa un sistema de desigualdad y explotación, que socava la solidaridad y refuerza la idea de que cualquier empleo, por mal pagado o indigno que sea, es preferible a la falta de sustento. El desempleo no se reduce a simples números o una estadística que uno puede leer en algún indicador; sino que es un instrumento de control que siembra miedo y resignación en los corazones de quienes sostienen el país. Cuando se producen miles de despidos y aquellos que deberían defender los derechos, como los sindicatos o dirigentes sindicales, permanecen en silencio o actúan con tibieza, se refuerza una cultura de sometimiento. Este abandono de la lucha se convierte en una traición, dejando a la clase trabajadora desprotegida y despojada de la solidaridad que debería ser su mayor defensa. El miedo al desempleo se convierte en una cadena invisible que ata a las personas, impidiéndoles exigir lo que por derecho les corresponde. Los poderosos usan esta herramienta para mantener un control férreo, explotando la inseguridad de quienes temen perder su sustento. Pero no podemos permitir que el desempleo sea el látigo que nos doblega. Es nuestra responsabilidad luchar con más fuerza, reclamar la erradicación de esta amenaza y construir un futuro donde el trabajo digno sea una garantía inquebrantable, pero a su vez es fundamental politizar a las y los trabajadores y elevar la conciencia de clase. Por eso es crucial recordar que la verdadera fuerza radica en la unidad y en la lucha colectiva. No debemos ceder ni un centímetro ante quienes buscan utilizar el desempleo para dividirnos y debilitarnos. El camino es claro: alzar la voz, exigir nuestros derechos y no descansar hasta que el miedo sea reemplazado por la seguridad de que nuestra dignidad jamás será negociada ni pisoteada. La lucha por un trabajo digno es, y siempre será, una lucha por la libertad y la justicia.

Esta bandera es parte de nuestra historia, un testigo mudo de las batallas que hemos dado las y los trabajadores del estado en Santa Cruz durante muchos años. Aunque ya no esté presente en las movilizaciones, porque ya no existen, su legado sigue vivo en cada uno de nosotros. Ha estado al frente en los momentos más duros, cuando enfrentamos la represión y las promesas vacías, cuando nuestras voces resonaban en las calles pidiendo aumento salarial o derechos laborales. Cada vez que la levantamos, esa bandera verde nos recordaba quiénes éramos y por qué luchábamos. Era más que un símbolo; era el reflejo de nuestras convicciones, de la fuerza colectiva que nos unió provincialmente en los peores momentos. Aunque hoy no ondee en las marchas, su ausencia también habla, porque sigue siendo parte de nuestra memoria, de nuestro compromiso inquebrantable con la lucha de las y los trabajadores del estado. Esta bandera, aunque ausente en estos largos meses, sigue siendo un emblema de lo que fuimos y somos: un sindicato que no se dejó vencer, que persistió y que tiene en su historia la prueba de que juntos hemos logrado lo imposible. #Volveremos #SoyDeAte #SoyDeAnusate

Alejandro Garzón * Hoy, como argentinos y argentinas que no bajamos la cabeza ante nadie, alzamos la voz con más fuerza que nunca: ¡Patria Sí, Colonia No! Esta no es una consigna vacía, es el grito de un pueblo que se niega a ser entregado a los intereses extranjeros, que no acepta que nuestras decisiones sean dictadas desde despachos en Washington. Mientras nuestro país se desangra con un índice de pobreza que sube sin freno, mientras las fábricas y pequeñas empresas cierran sus puertas, dejando a miles sin sustento, el régimen de Javier Milei se da el lujo de recibir a congresistas estadounidenses en la Casa Rosada. Y no están solos: en la misma mesa se sienta el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, uno de los hombres que mejor representa los intereses de una potencia que siempre ha visto a nuestra patria como un terreno de conquista. Nos quieren hacer creer que estas reuniones son para nuestro bien, pero la realidad es que detrás de cada apretón de manos y de cada sonrisa diplomática se esconden los intereses del capitalismo más voraz, ese que nos quiere esclavos, dependientes de su dinero y sus decisiones. No vamos a permitir que nos impongan su modelo de país, uno donde sólo los ricos tienen derecho a vivir con dignidad, mientras el resto sobrevive como puede en un sistema que los margina y los olvida. La Argentina no se vende. No nos vendimos en las peores épocas de nuestra historia, y no lo haremos ahora. No vamos a permitir que Milei siga este camino de entrega, donde el pueblo es el único que paga el precio. Cada vez que los gobernantes se arrodillan ante las potencias extranjeras, lo que están haciendo es traicionar a las y los trabajadores, a las familias que ven sus sueños destrozados por políticas neoliberales que sólo traen más hambre, más desocupación, más desigualdad y más miseria. Patria Sí, Colonia No no es sólo un lema, es un compromiso. Un compromiso de lucha contra un sistema que quiere hacer de nuestra nación un peón en su tablero global, un compromiso de no ceder un centímetro en la defensa de nuestra soberanía. No vamos a ser cómplices de la entrega de nuestra patria. No queremos su capitalismo salvaje, no queremos su modelo de explotación. Queremos una Argentina libre, justa y soberana, donde el pueblo sea el que decide su destino. Aquí estamos, de pie, con la frente en alto, porque la patria no se negocia. ¡Patria Sí, Colonia No!

Por Alejandro Garzón* Hace doce años, en el histórico Salón Blanco de la Casa de Gobierno de Santa Cruz, tuve el orgullo en representación de la Asociación Trabajadores del Estado de ser testigo de uno de los momentos más significativos en la historia de las y los trabajadores del estado de nuestra provincia. Aquella jornada, cuando firmamos el primer Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para la administración pública bajo el gobierno de Daniel Peralta, no fue simplemente la rúbrica de un acuerdo; fue el triunfo de nuestra dignidad, nuestra voz y nuestro coraje como estatales que decidimos ser dueños de nuestro destino. Este logro épico, que marcó el fin de una época en la que todo lo decidían unilateralmente los distintos gobiernos provinciales, no fue casualidad. Fue fruto de incontables marchas, huelgas, cortes de ruta, acampes fuera de la Casa de Gobierno, ocupaciones de distintos ministerios etc. que desgastaron cuerpo y alma, debates encendidos que forjaron nuestras conciencias, formación y elección de delegados donde construimos el liderazgo que hoy nos permite decir con orgullo que los derechos no se piden, se conquistan. Nosotros, las y los trabajadores estatales organizados en ATE, comprendimos que el Convenio Colectivo de Trabajo era más que un simple documento; era la herramienta poderosa de transformación que nos permitió romper las cadenas de la arbitrariedad y democratizar las relaciones laborales. En aquellos días de lucha, supimos que, al unirnos, ganábamos algo más que derechos: ganábamos el orgullo de ser trabajadores del estado, recuperábamos nuestra autoestima, nuestra dignidad, y el reconocimiento de ser protagonistas de un nuevo tiempo. Recordar esos días es revivir el sacrificio, la paciencia, la solidaridad y el inquebrantable compañerismo que nos permitió superar cada obstáculo. A cada paso, nos fortalecimos, aprendimos, y juntos logramos lo que parecía imposible. Hoy, muchos de los compañeros y compañeras que fueron protagonistas en esa lucha se han jubilado, y otros están en proceso de hacerlo, pero todos han dejado un legado imborrable, una herramienta que debemos defender con la misma pasión con la que la conquistamos. A las nuevas generaciones de trabajadores del estado les digo: esto no es solo una herencia de derechos, es un mandato histórico. Defiendan el Convenio Colectivo de Trabajo, siéntanse guardianes y orgullosos de este legado, porque cada derecho que hoy disfrutamos fue ganado con el sudor y el esfuerzo de quienes nos precedieron. Que nunca olvidemos que, en esas hojas escritas hace doce años, está puesta la esperanza de un futuro más justo y la promesa de que, juntos, podemos vencer cualquier desafío. El CCT no es solo una conquista; es un testamento de lucha, un compromiso con el presente y una promesa para el futuro. Que su historia inspire a cada trabajador y trabajadora estatal a levantar bien alto la bandera de la dignidad, sabiendo que en nuestras manos está el poder de seguir construyendo un mañana mejor para todos y todas. «Por eso, más allá de las diferencias que puedan surgir en este tiempo político y sindical, quiero expresar mi profundo reconocimiento y felicitación a cada uno de los compañeros y compañeras que han sido fundamentales para alcanzar este triunfo histórico. Hoy, tras 12 largos años de lucha, hemos logrado lo que parecía imposible: organizar a diversos sectores de trabajo y establecer los tan esperados Convenios Colectivos de Trabajo sectoriales. Este logro es fruto del esfuerzo, la perseverancia y el convencimiento de todos y todas».

Por Alejandro Garzón* Hoy, Cristina Fernández de Kirchner se presentó ante el tribunal que juzga a los autores materiales del intento de asesinato en su contra. No fue simplemente un acto judicial, sino un momento cargado de simbolismo, de lucha, y de una profunda conexión con el pueblo. Su presencia en la sala no fue únicamente la de una expresidenta, sino la de una mujer que, a pesar de los intentos por silenciarla, se mantiene firme, defendiendo su verdad y su derecho a vivir en una Argentina justa. Al terminar su declaración, Cristina fue recibida por una multitud de personas. No eran solo caras anónimas; entre ellas estaban quienes han dedicado su vida a la defensa de los Derechos Humanos, aquellos que han visto de cerca el rostro de la injusticia y la violencia, pero que también han sido testigos de la resistencia y la esperanza. Ese «mar de pueblo» no fue allí únicamente a apoyarla, sino a hacer visible un reclamo más amplio: el de una sociedad que no tolera la violencia política, que no acepta el odio como herramienta de poder, y que se une para proteger a quienes se atreven a soñar con un país mejor. Este intento de asesinato no fue únicamente un ataque contra Cristina, sino también contra la democracia misma, contra la posibilidad de vivir en un país donde las diferencias políticas no se resuelven con balas, sino con ideas, con el debate, con la construcción colectiva. Cristina, al declarar, enfrentó no solo a quienes intentaron asesinarla físicamente, sino a todos aquellos que creen que pueden destruir un proyecto político y social a través del miedo. El hecho de que hoy la acompañaran tantas personas, de distintos sectores y trayectorias, es una muestra clara de que no está sola. Y más aún, que su lucha es la lucha de muchos. Es la lucha de un pueblo que no quiere volver al pasado oscuro de la persecución y la violencia política. Es la lucha de quienes creen en una Argentina más inclusiva, más justa y más solidaria. En este momento histórico, es importante recordar que la verdadera justicia no se encuentra únicamente en las sentencias judiciales, sino en la voluntad de un pueblo que no está dispuesto a rendirse. El juicio contra los responsables del atentado es un paso necesario, pero no suficiente. La justicia verdadera será cuando podamos construir un país donde ningún dirigente, ningún ciudadano, tenga que temer por su vida a causa de sus ideas o de su compromiso con los más necesitados. Cristina, al declarar, mostró una vez más que no se doblega. Que su voz, como la de tantos otros, sigue siendo un faro para quienes creen en un futuro mejor. Y el pueblo, al estar allí, a su lado, demostró que sigue firme, que no la abandonará, y que seguirá luchando hasta que la justicia y la verdad prevalezcan en cada rincón de nuestra patria. Porque en esa voz, en esa lucha, está el futuro de una Argentina que se niega a ser silenciada.

Alejandro Garzón* En el ámbito internacional, Estados Unidos ha demostrado, una vez más, que aplica la doble vara cuando se trata de evaluar la legitimidad de los gobiernos en función de sus intereses geopolíticos y económicos. Esta dualidad se evidencia claramente en dos casos recientes: Venezuela y Ucrania. Por un lado, Venezuela es constantemente señalada por Estados Unidos como una dictadura, a pesar de que el presidente Nicolás Maduro ha ganado las elecciones en un proceso supervisado por observadores internacionales, y sumado a eso desde que el chavismo esta conduciendo el país han convocado a mas de 30 elecciones democráticas. Sin embargo, lo que realmente parece molestar a Washington no es el proceso electoral en sí, sino las políticas internas de Maduro, especialmente cuando defiende del petróleo y sus bienes comunes. Al controlar sus propios recursos, Venezuela desafía los intereses de las corporaciones multinacionales, lo que convierte a Nicolás Maduro en un enemigo a los ojos del establishment estadounidense. Por otro lado, en Ucrania, el presidente Volodímir Zelenski ha tomado medidas drásticas que incluyen la prohibición de elecciones a presidente, bajo el pretexto de la guerra en curso. A pesar de estas acciones antidemocráticas, Estados Unidos sigue apoyando a Zelenski y lo presenta como un defensor de la libertad. ¿Por qué? Porque su gobierno ha abierto las puertas a corporaciones como BlackRock, permitiendo una venta masiva de activos estratégicos del país a intereses privados extranjeros. En este caso, la falta de elecciones no es un problema, ya que el régimen ucraniano se alinea con los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos y la OTAN. Este doble estándar demuestra que, para Estados Unidos, la defensa de la democracia y la libertad es selectiva y está subordinada a la protección de sus propios intereses globales. Cuando un país se niega a subordinar su soberanía a las grandes corporaciones y decide tomar el control de sus recursos, es rápidamente etiquetado como una dictadura. Pero cuando un gobierno se pliega a los intereses estadounidenses, incluso al costo de la soberanía y la democracia, es aclamado como legítimo y apoyado sin reservas. Es fundamental que los pueblos del mundo tomen conciencia de estas manipulaciones y cuestionen las narrativas impuestas por aquellos que buscan mantener su dominio bajo la fachada de la democracia y la libertad. y en ese marco tampoco olvidar la manipulación de las empresas de comunicación.

Por Alejandro Garzón En cada edición de los Juegos Olímpicos, el mundo es testigo de la increíble capacidad de las y los atletas cubanos, quienes, a pesar del bloqueo económico impuesto por los EE.UU sortean las adversidades y logran destacarse en múltiples disciplinas. Los éxitos de Cuba en la arena internacional no son solo una muestra del talento y la dedicación de sus deportistas, sino también del compromiso histórico de la Revolución Cubana con el desarrollo integral del ser humano, especialmente en el ámbito deportivo. Fidel Castro, el líder histórico de la Revolución, comprendió desde un principio que el deporte no debía ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. Su visión transformadora hizo del deporte una parte esencial de la vida en Cuba, un país donde el acceso al ejercicio físico y la competición es un derecho garantizado para todos. En este sentido, Fidel expresó una vez: “El deporte no es en nuestra patria un instrumento de la política; pero el deporte sí es en nuestra patria una consecuencia de la Revolución.” Esta afirmación encapsula el profundo impacto de la Revolución en el desarrollo del deporte en Cuba. Antes de 1959, la participación en actividades deportivas estaba restringida a una élite privilegiada, dejando al resto de la población sin oportunidades de desarrollar sus habilidades atléticas. Con el triunfo revolucionario, Fidel se propuso cambiar esta realidad, democratizando el acceso al deporte y convirtiéndolo en un vehículo para la salud, la educación y la inclusión social. Los Juegos Olímpicos han sido un escenario donde los valores de la Revolución se han manifestado con fuerza. Los atletas cubanos, formados bajo un sistema que prioriza la igualdad de oportunidades y el bienestar colectivo, han alcanzado logros impresionantes, desde medallas en boxeo y atletismo hasta el dominio en deportes como el judo y la lucha. Cada victoria olímpica de Cuba es una victoria de la Revolución, una muestra de cómo un país pequeño puede competir al más alto nivel gracias a un enfoque integral en la preparación y el desarrollo de sus ciudadanos. Fidel Castro, consciente del poder transformador del deporte, impulsó políticas que han permitido a generaciones de cubanos y cubanas desarrollarse no solo como atletas de élite, sino como ciudadanos comprometidos con los ideales revolucionarios. En Cuba, el deporte no es solo una actividad física, sino una herramienta para la formación integral del individuo, un camino hacia la superación personal y colectiva. El éxito de los deportistas cubanos en los Juegos Olímpicos es un reflejo de esta filosofía. A pesar de los desafíos económicos y las dificultades impuestas por el bloqueo, Cuba ha logrado construir un sistema deportivo que es ejemplo a nivel mundial. Esto se debe, en gran parte, a la visión de Fidel, quien entendió que el deporte podía ser una fuerza unificadora y un símbolo del progreso alcanzado por la Revolución. Así, cada medalla obtenida por un atleta cubano en los Juegos Olímpicos es más que un logro personal; es una reivindicación del proyecto revolucionario, una demostración de que, en Cuba, el deporte es una expresión de la igualdad, la solidaridad y la resistencia de un pueblo que no se rinde. #FidelPorSiempre, no solo como el líder que guió a Cuba hacia la independencia y la dignidad, sino como el visionario que hizo del deporte un pilar fundamental del desarrollo humano en la isla.

Por Alejandro Garzón El poder popular es la esencia misma de la democracia genuina, una fuerza que emana directamente de la participación activa y consciente del pueblo. No se trata solo de ejercer el derecho al voto cada dos o cuatro años, sino de involucrarse constantemente en la toma de decisiones que afectan nuestras vidas y nuestras comunidades. Es la verdadera expresión de la soberanía del pueblo. Este poder reside en la organización y la movilización de las bases, en la capacidad del pueblo para unirse y luchar por sus derechos y por una sociedad más justa e igualitaria. Es la voz colectiva que se alza contra las injusticias, la que demanda transparencia, equidad, distribución de la riqueza y respeto. Es la manifestación del derecho a decidir nuestro propio destino sin depender de las imposiciones de quienes ostentan el poder económico o político. El poder popular se construye día a día, en cada asamblea barrial, en cada marcha, en cada acto de solidaridad etc. Es el empoderamiento de los sectores más vulnerables, aquellos a quienes el sistema muchas veces ignora o margina. Es la educación popular, que nos enseña a cuestionar, a criticar y a proponer alternativas viables para transformar nuestra realidad. Para que el poder popular sea efectivo, necesitamos confianza en nuestras propias capacidades, un objetivo claro y la fuerza de la unidad. Debemos fomentar la participación activa, la cooperación y el sentido de comunidad. Es fundamental reconocer que cada una y cada uno de nosotros tiene un rol importante que desempeñar, y que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden generar grandes transformaciones. El poder popular es la convicción de que juntos y juntas podemos construir un mundo más equitativo y humano. Es la resistencia ante la adversidad, la firmeza en nuestros principios y la pasión por la justicia social. Recordemos siempre que el poder está en el pueblo y que, cuando nos unimos, somos imparables. Es momento de levantar la voz, de organizarnos y de trabajar incansablemente por el bienestar de todas y todos. El poder popular es nuestro derecho y nuestra responsabilidad. Hagámoslo nuestro y construyamos juntos el futuro que merecemos.

Por Alejandro Garzón La imagen de un trabajador en bicicleta, empapado hasta los huesos, luchando contra la lluvia torrencial y las calles inundadas de Río Gallegos, es un reflejo desgarrador de la precarización laboral que enfrentan muchos en nuestro país. Este trabajador de PedidoYa, en su lucha diaria por ganar un sustento, personifica la dura realidad de miles que, bajo la fachada de la economía de plataformas, ven erosionados sus derechos y su dignidad laboral. El modelo de negocio de empresas como PedidoYa se sustenta en la precarización de sus trabajadores y trabajadoras. Estos, muchas veces considerados «colaboradores independientes,» carecen de los beneficios básicos que debería ofrecer cualquier empleo digno. No tienen acceso a una obra social, vacaciones pagadas, aguinaldos ni aportes jubilatorios. Esto los deja en una situación de vulnerabilidad extrema, donde deben asumir todos los riesgos laborales sin el respaldo de la seguridad social. La imagen del repartidor en bicicleta en medio de una inundación ilustra la indiferencia de estas multinacionales hacia las condiciones laborales de sus trabajadores. No importa si llueve, truena o hay una tormenta, el algoritmo no descansa y las demandas de entrega deben ser cumplidas. Esta deshumanización del trabajo, donde se prioriza la eficiencia y el lucro sobre la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras, es una muestra clara de cómo la precarización se ha normalizado. Y sumado a eso, pedalean entre 6 y 8 horas y en muchos casos más, sin importar las inclemencias del clima y los riesgos de la calle, especialmente en ciudades grandes. La pandemia expuso aún más estas desigualdades. Mientras muchos pudimos trabajar desde la seguridad de nuestros hogares en teletrabajo, que es un tema que hay que seguir discutiendo, las y los trabajadores de plataformas siguieron en las calles, exponiéndose al virus para mantener nuestras vidas lo más normales posible. Sin embargo, este sacrificio no se tradujo en reconocimiento o mejoras laborales. La precarización siguió su curso, con aumentos de demanda y una competencia feroz que obliga a los trabajadores a aceptar condiciones cada vez más desfavorables. El mundo del trabajo hoy favorece a los grandes grupos económicos y desfavorece a las y los trabajadores. Los gobiernos acceden sin chistar a los beneficios que estas empresas exigen, como las reformas laborales a medida del empresariado. Estas reformas, lejos de proteger a las y los trabajadores, buscan flexibilizar aún más el mercado laboral, facilitando despidos y reduciendo costos laborales a expensas de los derechos de quienes más lo necesitan. En este marco es urgente que el movimiento obrero sea mas internacionalista y se una con jornadas, huelgas y campañas internacionales en la lucha contra la precarización laboral en el mundo, porque no es una batalla que se pueda ganar en cada país de manera aislada; es una lucha global, ya que las multinacionales que perpetúan estas condiciones operan en todo el mundo. Empresas como Uber, Amazon y Glovo, al igual que PedidoYa, están presentes en múltiples países, imponiendo un modelo de negocio que prioriza el beneficio económico sobre los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores. Un ejemplo de la lucha global es como lo fue en el Reino Unido, que los repartidores de Deliveroo han organizado varias huelgas y manifestaciones para exigir un pago justo, mejores condiciones laborales y el reconocimiento de sus derechos como trabajadores. En marzo de 2021, miles de repartidores se unieron en una huelga en Londres y otras ciudades, exigiendo un salario mínimo garantizado y beneficios básicos como el seguro de salud y vacaciones pagadas. Esta movilización recibió el apoyo de sindicatos como el Independent Workers Union of Great Britain (IWGB), que ha sido fundamental en la organización y visibilidad del movimiento. En España, los repartidores de aplicaciones, conocidos como «riders», han llevado a cabo numerosas protestas y acciones legales para mejorar sus condiciones laborales. En 2020, la «Ley Rider» fue aprobada, reconociendo a los repartidores como trabajadores asalariados en lugar de autónomos, otorgándoles acceso a derechos laborales básicos. Este cambio legislativo fue resultado de años de presión y movilización por parte de los repartidores y sus aliados sindicales y políticos. En Estados Unidos, los trabajadores de Amazon han organizado huelgas y manifestaciones, especialmente durante la pandemia de COVID-19, para exigir mejores condiciones de trabajo y medidas de seguridad. En abril de 2021, un esfuerzo significativo fue la campaña de sindicalización en el almacén de Amazon en Bessemer, Alabama. Aunque la campaña no tuvo éxito en esa ocasión, atrajo la atención mundial y subrayó la necesidad de una mejor organización y apoyo a nivel global. En Europa, los trabajadores de Amazon también han participado en huelgas coordinadas. En noviembre de 2020, los empleados de Amazon en Alemania, Francia y otros países europeos se unieron en una huelga durante el Black Friday, uno de los días de mayor venta del año, para protestar contra las condiciones laborales y exigir mejores salarios y beneficios. En Argentina, los repartidores de aplicaciones como Rappi, Glovo y PedidoYa también han protagonizado movilizaciones significativas. En 2019, realizaron varias protestas y paros nacionales, denunciando la precarización laboral y exigiendo mejores condiciones de trabajo, salarios justos y el reconocimiento de sus derechos laborales. La lucha se intensificó durante la pandemia, cuando los trabajadores esenciales de delivery continuaron trabajando sin las medidas de protección necesarias y con salarios insuficientes. Estos movimientos han contado con el apoyo de organizaciones sindicales y sociales, que han visibilizado la necesidad de una regulación adecuada para proteger a los trabajadores de plataformas. Estos ejemplos demuestran cómo las y los trabajadores en diferentes países pueden unirse y coordinar sus esfuerzos para enfrentar a las grandes corporaciones que practican la precarización laboral. La solidaridad y la organización internacional de las y los trabajadores son esenciales para lograr cambios significativos y sostenibles. El movimiento obrero debe seguir el ejemplo de estos trabajadores y luchar juntos, cruzando fronteras y apoyándose mutuamente, para garantizar que todos tengan acceso a condiciones laborales justas y dignas. Porque ningún ser humano debería tener que arriesgar su vida y su salud para