La Ley de Residencia de 1902, promulgada en Argentina, marcó un momento crítico en la historia del país, permitiendo la expulsión de extranjeros considerados peligrosos para el orden público. Esta ley, impulsada por el senador Miguel Cané y apoyada por la Unión Industrial Argentina, nació en un contexto de fuertes movilizaciones obreras y un creciente activismo sindical. A finales del siglo XIX y principios del XX, el movimiento obrero en Argentina cobró una gran relevancia. Los trabajadores, organizados en sindicatos, luchaban por mejores condiciones laborales, salarios justos y la jornada laboral de ocho horas. Muchas de estas organizaciones contaban con una importante presencia de inmigrantes, quienes también introdujeron ideas anarquistas y socialistas que preocupaban a las élites económicas y políticas del país. La Ley de Residencia otorgaba al Poder Ejecutivo la facultad de deportar, sin juicio previo, a cualquier extranjero cuya conducta se considerara subversiva o perturbadora del orden público. Esta medida fue utilizada de manera contundente durante las huelgas generales de 1902, en un intento del gobierno de sofocar las protestas y mantener el control. Numerosos líderes sindicales extranjeros fueron expulsados, lo que debilitó temporalmente al movimiento obrero. A pesar de las objeciones de algunos legisladores, quienes argumentaban que la ley violaba los principios constitucionales de libertad y debido proceso, fue rápidamente aprobada en medio del pánico provocado por las huelgas y el temor a una posible revolución. Este hecho demuestra cómo las élites de la época priorizaron la represión de las actividades sindicales sobre el respeto a los derechos fundamentales. El movimiento obrero, sin embargo, persistió en su lucha. Las organizaciones sindicales y los trabajadores continuaron reivindicando sus derechos, enfrentándose a una constante represión estatal. La Ley de Residencia, aunque fue derogada en 1958, volvió a ser utilizada durante las dictaduras militares posteriores y finalmente fue suprimida con el retorno a la democracia en 1984. El legado de la Ley de Residencia nos recuerda la importancia de proteger las libertades individuales y los derechos humanos frente a medidas represivas. Las luchas y sacrificios del movimiento obrero de principios del siglo XX son un ejemplo de perseverancia y valentía que nos inspira a seguir defendiendo y ampliando los derechos de los trabajadores en la actualidad.