Alejandro Garzón* El reciente Decreto 780/2024, firmado por el presidente Javier Milei, representa un ataque directo contra uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: el acceso a la información pública. Este derecho, conquistado por la lucha de miles de ciudadanos y respaldado por la Constitución Nacional, ahora está en riesgo bajo el pretexto de «proteger» ciertos intereses del Estado. Pero, ¿qué significa realmente esta medida y por qué debemos alzar la voz?. Este decreto no es más que una herramienta del régimen de ultraderecha para blindar su gestión y ocultar lo que realmente sucede en las esferas del poder. Con la nueva normativa, se limitan significativamente los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública, excluyendo del control ciudadano documentos claves y toda información vinculada a la defensa y política exterior. Esto es preocupante, pues habilita al régimen a operar sin rendir cuentas a la ciudadanía, en una clara violación a los principios de transparencia y rendición de cuentas. La Doble Vara de las Empresas de Comunicación Si estas restricciones se hubieran implementado durante un gobierno popular, las grandes empresas de comunicación estarían en plena sincronía para denunciarlo como un ataque «flagrante» a la Constitución, una señal clara de que hay algo turbio detrás. No faltarían los panelistas y expertos que, con tono grave y alarmista, advertirían al pueblo sobre el peligro de ocultar la verdad y socavar las bases de la democracia. Sin embargo, como es un gobierno de ultraderecha quien emite el decreto, la narrativa mediática cambia radicalmente. De repente, se trata de «cuidar» ciertos aspectos, de «proteger» información sensible, y la crítica desaparece o se diluye en tibios comentarios que no logran reflejar la gravedad del asunto. Esta doble vara en el tratamiento informativo no solo es injusta, sino que también desarma a la ciudadanía, que queda sin herramientas para cuestionar y resistir. No Podemos Permitirlo Es crucial que no nos dejemos engañar por este manto de silencio y justificaciones. El acceso a la información pública no es un privilegio otorgado por el Estado; es un derecho conquistado y garantizado por la Constitución. Este decreto es un paso más hacia la consolidación de un régimen autoritario que busca gobernar sin oposición, sin preguntas, y sin transparencia. Es hora de levantar la voz y exigir que la información pública siga siendo del pueblo, y no una herramienta de control en manos de unos pocos poderosos.